En Uruguay es muy difícil alquilar por uno mismo una propiedad, porque además de los altos precios, hay que lidiar con el tema de las garantías o costosos depósitos. Ambos requisitos tienen como origen el lentísimo proceso judicial, por que los propietarios no tienen ninguna seguridad de cuando recuperaran una propiedad si esta finaliza el contrato o si el inquilino no paga.
En el primer caso después de finalizado el contrato, el inquilino tiene un año más antes de entrar al proceso legal, que una vez comenzado el inquilino mientras siga pagando estará entre año y medio y dos años más. En resumen, un contrato de dos años termina siendo de casi 5 años, se puede considerar que este caso no es tan perjudicial porque el inquilino sigue pagando pero el caso más grave es cuando el inquilino deja de pagar.
Supongamos que un inquilino deja de pagar entonces los primeros meses el propietario intentara cobrar directamente o a través de la inmobiliaria administradora, de forma civilizada hablara con el inquilino y digamos que lo espera un par de meses antes de iniciar acciones legales, luego viene una intimación para pague, esta con los métodos actuales desde presentada hasta que efectivamente sea intimado e incumpla, puede tardar un mes más por lo menos, con suerte.
Después hay que iniciar el desalojo y este proceso también puede tardar un mes en trámites judiciales hasta que al inquilino le queda firme el desalojo, siempre y cuando no empiecen con reclamaciones cruzadas que entonces la cosa va para larguísimo, pero es un caso excepcional en general.
El problema surge cuando se inicia el Lanzamiento, ya que también este proceso puede tardar un mes desde presentado hasta la fecha fijada para el mismo, después empieza el asunto de las prorrogas ya que los jueces tienen la libertad de otorgar hasta 120 días de prorroga si consideran cuestiones humanitarias y no hay un criterio unificado.
Sumando todos estos tiempos tenemos los dos meses en los que uno o la inmobiliaria intento cobrar directamente, mas intimación mas desalojo dos más, lanzamiento uno más y como cuatro de prorrogas, suman nueve meses, un autentico parto, eso si uno tiene la suerte de que ninguno de estos periodos fuera interceptado por la feria judicial, sino sumen un mes más, también en algunos casos algunos jueces se exceden de los 120 días por el pan invierno que dice que no debe haber lanzamientos en ese periodo.
Si suman además los costos de esto que se traduce en como lo que cobrarían en 3 o 5 meses de alquiler, suman más de un año de perdidas y recen porque no les dejen deudas de IMM o OSE, que las tendrán que pagar los propietarios con multas y recargos
Todos estos riesgos obligan al propietario a exigir una garantía que lo ponga a salvo de todo este tedio.
El Movimiento de Integración Alternativo propone:
Crear un sistema legal, que sea opcional y voluntario por ambas partes que garantice al propietario a mas tardar que en un mes recuperara su propiedad en caso de no pago y que no le exija al inquilino una garantía que mayormente no tiene. Existiendo una sola excepción a este desalojo y sea la excepción de pago, es decir que solamente pagando o demostrando que se haya pagado se detenga el desalojo.
La idea es que el Ministerio de Vivienda tenga la administración de este sistema, administrando el registro de Beneficiarios del sistema y anotando los incumplimientos, ya que será garante general de todos ellos.